Tras la crisis sanitaria a nivel mundial, y de la cual República Dominicana se ha visto afectada desde el mes de marzo del año en curso, el Estado dominicano declaró el pasado 19 de marzo, a través del Decreto No. 134-20, estado de emergencia por 25 días con restricciones de tránsito, reunión y asociación, mediante resolución aprobada por el Congreso, para luego extenderse el plazo de emergencia con el Decreto No. 148-20, hasta el 30 de abril del 2020.

Además, mediante Decreto No. 135-20 se declara el “Toque de queda” a nivel nacional, quedando prohibido el tránsito y circulación de personas desde las 8:00 p.m.-6:00 a.m. exceptuando los servicios médicos y sanitarios, industrias y comercios farmacéuticos, centros y comercios de venta de alimentación, medios de comunicación, seguridad privada, servicios de electricidad, servicios de transporte de mercancías, insumos y combustible, recogida de basura, y servicios funerarios. Esta medida se amplió a partir del 3 de abril, quedando prohibido el tránsito durante el horario de 5:00 p.m-6:00 a.m.

Todas estas medidas han provocado una contracción de la demanda, al no poder salir los consumidores a realizar sus compras, detenerse muchos de los planes de inversión y afectarse las exportaciones y la capacidad del Gobierno de gastar, ya que está recibiendo menos ingresos y, a su vez, una contracción de la oferta local, porque menos personas están trabajando y aquellas que lo hacen trabajan menos tiempo y a menor intensidad. Esto ha afectado prácticamente a todos los sectores, aún aquellos que directamente no están incluidos entre los sectores con excepciones en la norma. A consecuencia de la caída de la productividad a nivel nacional, se espera una caída importante en el producto interno bruto (PIB), los salarios brutos y las distintas métricas de inversión, tanto en nuestro país como en el resto del mundo.

A pesar de que las autoridades competentes a nivel local aún no han registrado datos oficiales y proyecciones del comportamiento de la economía dominicana, algunos organismos internacionales, tal como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han proyectado una recesión en República Dominicana con un crecimiento negativo de 1% a nivel local, y para la economía global un crecimiento negativo de 3%; mientras, que tanto el Banco Mundial (BM) como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de las Naciones Unidas (ONU), proyecta que la economía local no se contraerá, pero que tendrá una tasa de crecimiento de 0% para la economía dominicana. Aunque podemos discutir si el nivel del crecimiento es defendible, al menos relativamente, aparenta que seremos de las economías menos afectadas en la región.

En búsqueda de garantizar la estabilidad económica y mitigar los riesgos y las condiciones que enfrentan las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, el Gobierno dominicano ha estado elaborando distintas medidas sociales, económicas y fiscales, buscando, principalmente, proteger los empleos e ingresos de los trabajadores y garantizarles un mínimo sustento a familias vulnerables, durante el tiempo de la crisis. A continuación, se enumeran las principales, con sus valoraciones oficiales:

• Programa “Quédate en Casa”, a través del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) se beneficiarán a 1.5 millones de hogares, transfiriendo por el mes de abril y mayo por un valor de RD$5,000 mensuales, a los que se benefician en la actualidad de “Comer es Primero” y una cobertura adicional de 688,997 nuevos hogares. Adicional, se realizará una transferencia de RD$2,000 mensuales a familias con al menos algún miembro con características más vulnerable a la pandemia. Esta intervención focalizada involucrará recursos por el orden de los RD$16,981.7 MM.

 

• Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados (FASE), impactará a más de 754,000 familias. Este proyecto esta compuesto por dos modalidades: Fase I, se benefician los colaboradores de las empresas que suspenden labores hasta 60 días (RD$8,500.00 por empleado formales que hayan sido despedidos); Fase II, cuando las empresas no están operando, pero mantienen a sus empleados, otorgando el Estado un depósito de RD$5,000.00 pesos por cada empleado, el empleador teniendo la obligación de pago adicional.

 

La Junta Monetaria, a su vez, ha dispuesto las siguientes
medidas económicas:

Recorte de Tasa de Política Monetaria (TPM) en 100 puntos de 4.50 % a 3.50 % anual. Además, se modificó el corredor de tasas de interés para proveer mayor liquidez para el corto y mediano plazo.

Provisión de liquidez en moneda nacional por más de RD$80 mil millones a través de las entidades financieras, mediante la implementación de las siguientes medidas:

En moneda nacional, liberalización de recursos del encaje legal por un valor de RD$30,133.4 millones, para ser destinados a préstamos a los hogares y sectores productivos, a tasas de interés en todos los casos no mayores de 8.0% anual. Adicional, se redujo un 0.5% por un total de RD$136.4 millones para canalizar crédito micro y pequeñas empresas y hogares. Se adicionaron en la segunda semana de abril, una reducción del encaje por RD$5,681 millones para el refinanciamiento y consolidación de préstamos.

Provisión de liquidez mediante Repos para canalizar RD$50 mil millones, con tasas de interés de 4.75 % para Repos hasta 30 días y de 5.0 % para
Repos entre 31 y 90 días.

En moneda extranjera, se provisionan liquidez por más de US$600 millones, mediante: la inyección de US$400 millones, a través de operaciones de Repos de 90 días, utilizando como garantía títulos del Ministerio de Hacienda y la liberación de recursos del encaje legal de los bancos múltiples por unos US$222 millones. El pasado 16 de abril la Junta Monetaria redujo la tasa de interés para continuar apoyando el flujo adecuado de divisas de 1.80% a 0.90% anual.

Habilitación de una ventanilla de liquidez de corto plazo por hasta RD$15 mil millones para financiar a mipymes y otros microcréditos, exclusiva para
préstamos a las mipymes, a una tasa de interés no mayor de 8.0% anual, a través del Banco de Reservas y otras entidades financieras de interés, como podrían ser: ADOPEM, ADEMI, BANFONDESA, Banco Agrícola, Banca Solidaria, PROMIPYME, Fondo Especializado para el Desarrollo Agropecuario

Aprobación de un tratamiento regulatorio especial al Sistema Financiero, en búsqueda de que los clientes de las instituciones financieras no sean afectados durante el período de emergencia mediante costos regulatorios o deterioro en la cartera de crédito. Como la congelación de la calificación y provisiones de deudores al momento de aprobación de la resolución; posibilidad de reestructuración de crédito sin afectar la calificación del deudor y provisiones adicionales; extender por tres meses la actualización de las tasaciones de garantía admisible, entre otras.

En cuanto al apoyo fiscal, se han desarrollado un conjunto de medidas con el objetivo de disminuir el impacto en el flujo de caja de los agentes económicos y facilitarle el acceso a crédito, principalmente para las pequeñas y medianas empresas, con medidas como:

• Prórroga para la presentación de la declaración informativa de operaciones efectuadas con partes relacionadas (DIOR) con fecha de cierre fiscal el 30 septiembre, aplazando a un mes.

 

• Prórroga de aplicación de la tasa prevista en los Acuerdos de Precios por Anticipado (APA) al sector hotelero.

 

• Prórroga para la declaración y el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las empresas con fecha de cierre fiscal al 31 de diciembre, con fecha límite del 29 de abril, aplazándola por un mes. Incluyendo la declaración jurada del ISR de las personas físicas; primera cuota del impuesto sobre activos de personas físicas; primera cuota del impuesto sobre los activos de las empresas con fecha de cierre fiscal al 31 de diciembre.

 

• División de cuotas, iguales y consecutivas, al pago anual de ISR de empresa con cierre fiscal al 31 de diciembre, sin proveer interés por indemnización.

 

• Postergación de la declaración y el pago del Impuesto sobre las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) para el 30 de marzo.

 

• Facilidades de pago sobre los compromisos de anticipos de sectores más vulnerables, así como facilidades de regulación para los contribuyentes con
  cuotas atrasadas, sin cobro de penalidad.

 

• Suspensión temporal de impuestos, tales como arancel, Impuesto Selectivo al Consumo e ITBIS, para la adquisición de alcohol etílico desnaturalizado.

 

• Las autoridades procuran analizar estas medidas durante todo el tiempo de emergencias.

 

Un acercamiento al sector de la construcción

Uno de los sectores de mayor crecimiento en República Dominicana, y el sector de mayor ponderación directa en la construcción del producto interno bruto por el lado de la Demanda Agregada, es el sector construcción. Al cierre del año 2019, el valor agregado de la actividad de construcción presentó una tasa de crecimiento de 10.4%, respecto al año anterior. El desempeño del sector se mide por la ejecución de proyectos de infraestructura y construcción corporativa y familiares, tanto públicos y privados, y por el comportamiento de los principales insumos, como son las estructuras metálicas, que registraron un aumento 11.4%, el cemento (7.2%) y el resto de los materiales (19.5%).

Las medidas de flexibilización monetarias llevadas a cabo en 2019, tuvieron un impacto importante en el dinamismo del sector, registrándose un RD$36,855.0 millones en los préstamos otorgados para construir.

Sin embargo, ante esta crisis sanitaria, uno de los sectores más perjudicados ha sido el sector construcción, un sector muy intensivo tanto en
inversión y en mano de obra, debido al cese de sus operaciones por requerimiento del Gobierno y la salida de los trabajadores. Susi Gatón, presidenta
de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), comunicó que el sector genera más de 300,000 empleos, los cuales están paralizados en su totalidad desde marzo. Por otro lado, el sector hotelero ha paralizado la construcción de proyectos de construcción, aun habiendo sido planificados para el año 2020.

La importancia del sector en la economía pudiera generar un impulso si se aprovechan las oportunidades del mercado en cuanto a las medidas económicas y financieras para incentivar la liquidez dentro del sector, terminar proyectos y fomentar la oferta. No obstante, el impacto de este también se medirá conforme a los precios internacionales de insumo de construcción y el comportamiento de la demanda en el sector inmobiliario, la cual, en algunos niveles, puede mantenerse deprimida, tanto por la duración que tenga el COVID-19 sobre la economía, su impacto psicológico sobre la población y la necesidad de normalizar sus ingresos.

No obstante, la demanda adicional que están teniendo distintas instituciones ligadas al sector de salud, agua y alimentos, por considerarse como prioritario podrían aprovechar la capacidad disponible e interés de hacer negocios con los constructores en esta coyuntura y requerir el inicio de proyectos de manera inmediata. Pero para esto es necesario que se concreten planes y políticas focalizadas para reactivar este sector bajo protocolos de seguridad coherentes con la situación actual.

Por lo importante del sector construcción, distintos países están analizando propuestas para iniciar con la reactivación del sector construcción como uno
de los primeros pasos para llegar eventualmente a la reactivación de la economía en general. Países como España, Italia, y en América Latina, Uruguay y
Guatemala han propuesto y están implementando planes que consisten en una apertura de ciertas horas laborables para el sector luego del cese de
emergencia nacional, con el objetivo de terminar en los plazos planificados las obras que fueron cerradas por la crisis. El mismo incluye, la disposición de
pagar horas extras a los trabajadores del sector que serían incluidos, buscando, además, que los mismos recuperen los recursos no devengados durante el
tiempo que no trabajaron. Esta propuesta, toma en cuenta que los niveles de compra se van a ralentizar por la retracción de la demanda y que para finalizar las construcciones se deben cumplir con normas mínimas que garanticen la salud de los trabajadores del sector y quienes se relacionan con ellos.

Aunque los detalles de los protocolos varían de acuerdo con la realidad de cada país, por lo general incorporan exigencias sobre: inducción e información mínima a proveer a quienes regresen a trabajar, transporte de personal, gestión del vestuario y los baños utilizados por quienes están en las obras de construcción, como manejar los alimentos en su lugar de trabajo, así como medidas para tratar con empleados que presenten los síntomas del COVID-19 en su lugar de trabajo.

Lo que no podemos dejar de destacar es la necesidad que impera; de una manera organizada y responsable, retomar las actividades del sector construcción en República Dominicana.

Aunque especialmente en el sector salud se podrán aprovechar oportunidades particulares en algunos sectores o subsectores económicos, a nivel general,
los constructores deberán incorporar medidas para reducir el impacto de contagio de enfermedades y movilizarse de manera prudente. Ahora bien, encontrar la demanda esperada para algunos de los proyectos en construcción podrá tardar más tiempo de lo estimado, por las razones arriba expuestas.

Fuente:

Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. Resumen Medidas COVID-19, Comisión para atender asuntos económicos y de empleo.
Vía digital: https://transparencia.hacienda.gob.do/documents/20127/319327/Medidaseconomicas-comision.pdf/e0ae4a7b-7fcd-7af9- 6d47-666431783791

Banco Central de la RD. Resultados Preliminares de la Economía Dominicana Enero-Diciembre 2019. Febrero, 2019.

Construir América Central y Caribe. Industria & Negocios. “¿En qué consiste el plan de reactivación para el sector construcción en Guatemala?” Abril 2020. Vía digital: https://revistaconstruir.com/en-que-consiste-el-plan-dereactivacion-para-el-sector-construccion-en-guatemala/

Protocolo COVID-19 del Sector Construcción de Uruguay. Vía digital: https://275rzy1ul4252pt1hv2dqyufwpengine.netdna-ssl.com/wp-content/
uploads/2020/04/Protocolo-COVID19-Construccion-01042020.pdf

 

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Autor: Raúl Hernández Báez, PHD en Economía

Managing Partner de CIEF consulting

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