La pandemia del COVID-19 ha tenido una incidencia negativa en la operatividad del sector construcción, tomando en consideración que el mismo, en el 2019, tuvo una participación del 10.5% del producto interno bruto y genera anualmente más de 380,000 empleos directos, motorizando la industria, el transporte, las pymes y los mercados financieros.

Por ello, nosotros como ACOPROVI, ante esta situación y en búsqueda de que el sector sea afectado lo menos posible ante la situación que nos amerita, así como colaborar con el reinicio económico luego de la pandemia, pretendemos que el sector, en sintonía y unificado con el Estado, adoptemos una serie de medidas de carácter económico, fiscal, operativo y de riesgos laborales, para cuando nuestro gobierno otorgue el inicio de trabajos a este sector, así como a las industrias relacionadas, cementos y aceros, hormigoneras, ferreterías, importadoras, entre otras, podamos salir adelante. Dichas medidas que describiremos a continuación, asegurarán un impulso económico importante en nuestra sociedad, en búsqueda de eliminar cualquier tipo de recesión en el ambiente económico de nuestro país tras el cese de la crisis.

Las medidas operativas que debe adoptar el promotor son:

La implementación de los procesos de seguridad laboral para las obras ante la pandemia del COVID-19, que será un instructivo desarrollado por la industria y dentro de ellos, ACOPROVI, a fines de mitigar los riesgos del virus durante el proceso de reapertura de obras. Esto involucrará la colaboración de suplidores de la industria, así como el Ministerio de Trabajo, entre otras instituciones estatales.De igual forma, es importante que los desarrolladores
y/o promotores de viviendas se realicen a través de fideicomisos. Esta figura le otorga seguridad jurídica y financiera al cliente y al mismo promotor, incentivando la confianza de la población en las operaciones inmobiliarias como instrumento de inversión tradicional, luego de la crisis. De la misma manera, tal instrumento asegura el éxito financiero del proyecto, debido a que los proyectos no se inician sin antes haber alcanzado el punto de equilibrio de ventas y financiero del proyecto, asegurando el repago del préstamo interino de construcción ante los mercados financieros y, sobre todo, la entrega eficaz y óptima de las unidades inmobiliarias vendidas o alquiladas.

El Promotor deberá reconocer, organizar y reciclar organizadamente los desechos y residuos sólidos que generan las obras de construcción, a los fines
de la obtención de créditos municipales con los ayuntamientos. Estas medidas dependerán de la capacidad del cabildo de reconocer dicha labor por
parte de los desarrolladores, generando las mismas créditos municipales en materia de aprobación de proyectos. A su vez, deberá realizar una flexibilización de los planes de pago para la venta y alquileres de inmuebles, siempre y cuando la planificación financiera del proyecto lo permita.

Otorgará el énfasis necesario a las comunidades donde se estarán desarrollando los proyectos, mediante la vinculación con las juntas de vecinos, en búsqueda del bienestar público en lo relativo a la limpieza, fumigación, tránsito de personas, entre otros factores.

Las medidas económicas, impositivas y aduanales que deberá adoptar Estado

El Estado deberá realizar una reducción de las tasas para los préstamos interinos de construcción, así como los préstamos hipotecarios, mediante la liberación de fondos del encaje legal por parte del Banco Central. Deberá crear un programa de construcción de más de 12,000 viviendas de carácter social, de bajo costo y media baja a nivel nacional, así como la renovación de asentamientos informales alrededor del país. El sector público se encargará de la compra de la tierra y desarrollar las infraestructuras viales, aguas, sanitarias y eléctricas correspondientes, en cada lugar de desarrollo de viviendas y mediante una alianza públicoprivada con los promotores. El sector privado se encargará del desarrollo de las viviendas con una tasa de financiamiento preferencial en base a la liberación de encaje.

De la misma manera, los fondos de las cuentas individualizadas de las AFP puedan ser utilizados en la adquisición de estos nuevos inmuebles por parte de
los trabajadores o beneficiarios.

El Estado dominicano tendrá que mejorar la eficiencia operativa de la implementación del Bono ITBIS para la construcción de viviendas sociales, de bajo costo y media baja, en cuanto al valor del bono y el tiempo de gestión del mismo, que sea más expedito.

A su vez, realizar una reducción de la tasa del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) a fines de incentivar a la población a realizar inversiones
inmobiliarias a largo plazo. Así mismo tendrá que efectuar la liberación del encaje legal por parte del Banco Central para adquirientes de todo tipo,
sin que intervenga el tipo de vivienda o el valor.

Se le sugiere, además, la creación de un régimen especial de la figura del anticipo en materia de impuestos para el sector construcción, tomando
en consideración la cantidad de inmuebles de cada proyecto y las ventas en cada período fiscal. De igual forma, implementar exenciones fiscales en un 100%, en cuanto a la admisión e importación de derechos aduanales e impuestos de materiales, equipos y maquinarias que se utilizan en las obras.

Reconocer al promotor las inversiones en materia de energías alternativas y renovables, mediante la creación de incentivos fiscales que incentiven
dicha práctica durante la construcción y posterior entrega de los proyectos inmobiliarios.

La creación de un fondo de inversión con los depósitos de los alquileres, vinculado a la nueva y necesaria Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles, que sirva como garantía de la inversión de los promotores en proyectos de este tipo, y que mejore el clima de inversión inmobiliaria para tales fines por parte del comprador final.

El Estado deberá reconocer las necesidades especiales del sector construcción en materia laboral, mediante la implementación de un régimen especial que tome en consideración la movilidad de la fuerza de trabajo, ante el Sistema de Seguridad Social. Y reestructurar el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, de forma que cumpla con su propósito de asegurar las pensiones de los trabajadores de la construcción.

Estas medidas, que son de fácil implementación por parte de los promotores y del Estado, asegurarán que nuestro sector pueda superar los tiempos que
se avecinan y poder contribuir al dinamismo de la economía de nuestra República Dominicana.

 

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Autor: María Gatón  (Susi), Ingeniera Civil.

Presidenta de la Asociación de Promotores y Viviendas (ACOPROVI)

Gerente General y Encargada de Planificación y Desarrollo Grupo Pedralbes

 

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